Ley Trasciende: Organizaciones impulsan marco legal para regular la eutanasia en Jalisco
- gersenoticias
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Organizaciones de la sociedad civil han puesto en marcha una estrategia jurídica a nivel federal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para promover la denominada "Ley Trasciende". Esta iniciativa busca establecer las bases jurídicas necesarias para la aplicación legal de la eutanasia en el estado de Jalisco, abriendo nuevamente el debate sobre los derechos sanitarios al final de la vida.
La iniciativa de muerte digna en el Poder Legislativo de Jalisco
El debate sobre la regulación de los procedimientos médicos para bien morir ha sido impulsado localmente dentro del Congreso del Estado de Jalisco. El diputado por el partido Hagamos, Enrique Velázquez González, quien ha formalizado diversas propuestas legislativas en la materia, señaló que el reconocimiento legal de la eutanasia constituye la consolidación de un derecho fundamental y descarta cualquier supuesto de obligatoriedad en el sistema de salud.
La legislación planteada está diseñada específicamente para que los pacientes con diagnósticos de enfermedades terminales o crónico-degenerativas irreversibles ejerzan la facultad de decidir sobre el cese del sufrimiento físico prolongado.
Principios clave y alcances del proyecto legislativo
Carácter voluntario: El marco normativo establece que la aplicación del procedimiento dependerá única y exclusivamente de la manifestación expresa y consciente de la voluntad del paciente.
Criterio médico de terminalidad: Las disposiciones normativas se restringen a casos clínicos validados donde los tratamientos paliativos resulten insuficientes para mitigar el dolor.
Vía judicial federal: El impulso de la Ley Trasciende a través de la SCJN busca crear precedentes jurídicos que obliguen a las legislaturas estatales a armonizar sus códigos de salud en concordancia con los derechos humanos de tercera generación.
El análisis parlamentario y judicial del proyecto continuará bajo la revisión de las comisiones de salud y puntos constitucionales para determinar la viabilidad de las reformas en la entidad.
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