Aprueban sanciones penales en Jalisco por difundir contenido sexual creado con Inteligencia Artificial

El Congreso del Estado de Jalisco aprobó una reforma al Código Penal de la entidad para tipificar y sancionar de forma directa a quienes manipulen, alteren o difundan imágenes, audios o videos de índole sexual generados mediante herramientas de Inteligencia Artificial (IA) sin el consentimiento de las víctimas. Con esta medida, la legislación local busca mitigar los riesgos derivados del uso malintencionado de las nuevas tecnologías contra la integridad ciudadana.

Penas de prisión y multas por violencia digital con IA

La iniciativa avalada por los legisladores jaliscienses establece consecuencias jurídicas severas para los infractores que utilicen plataformas digitales para simular o alterar material explícito.

De acuerdo con lo expuesto en la reforma, las sanciones aprobadas contemplan:

• Pena corporal: Prisión que va desde un año hasta los ocho años de cárcel para los responsables del delito.

• Sanción económica: Aplicación de multas financieras proporcionales a la gravedad de la agresión y la afectación causada.

El diputado local por el partido Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, impulsor de la medida, precisó que esta adición legal resulta fundamental en el contexto tecnológico actual, donde la suplantación de identidad digital y los deepfakes (videos manipulados digitalmente) han facilitado nuevas modalidades de acoso.

Ampliación de la Ley Olimpia ante la evolución tecnológica

Este ajuste al marco normativo penal se traduce en una extensión directa del alcance de la denominada Ley Olimpia, ordenamiento jurídico que ya castigaba a nivel nacional y estatal la divulgación no consentida de material íntimo real o editado.

Bravo Padilla destacó que la modificación tiene como objetivo prioritario salvaguardar la dignidad, la intimidad y el derecho a la vida privada de cualquier persona que pudiera ser blanco de esta modalidad de agresión tecnológica. Las autoridades judiciales contarán ahora con las facultades necesarias para perseguir de oficio y procesar penalmente a quienes ejecuten o distribuyan estos contenidos informáticos apócrifos.